¿Qué pasa en Gaira?, con esta frase inició el cuestionamiento Norma Vera Salazar, defensora de derechos en Santa Marta, por el homicidio de Yuli Vásquez García, ocurrido en la mañana de este lunes, en el sector de Gaira.
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Vera utilizó la red social Twitter para expresar su rechazo y solidaridad con los familiares de la mujer asesinada.
“Qué imagen tan dolorosa para estos dos angelitos, solidaridad con la familia”, escribió.
Pero el mensaje no paró allí. La defensora de derechos cuestionó al Comandante de la Policía ante la ola de inseguridad que se vive en la Ciudad. “Policía Santa Marta, ¿el candado sigue abierto?”.
mujer asesinada en Gaira en un atracó cuando tomaba el bus con sus dos hijos de 5 y 8 años, el presunto asesino un menor de 16 años; doble tragedia, la criminalidad recluta menores desde los 12 años en barrios de santa Marta urge Plan desarme y proyecto de vida juvenil.
— Norma Vera Salazar (@NormaVeraSa) January 25, 2021
Comunidad gairera
Por su parte, Diego García Camargo, edil de la Localidad Tres, también se pronunció sobre el hecho a través de su cuenta de Facebook.
El líder gairero también exigió al Alcalde de la Localidad, Juan José Camargo Mozo, que convoque un consejo de seguridad en el que participen los ciudadanos.
“De igual forma se use el presupuesto del fondo de la localidad para ayudar a reparar y aumentar las cámaras de vigilancia en los sectores más peligrosos de nuestro territorio. Es urgente que las autoridades encargadas de la seguridad den la cara, este no es el primer caso de muerte por robo en Gaira”, dijo el Edil Diego García.
Silencio de las autoridades
El crimen de Yuli Vásquez ha causado conmoción en la comunidad gairera y en toda la ciudad. Sin embargo, hasta el mediodía de este lunes, cuando fue publicada esta nota periodística, no había pronunciamiento por parte de la alcaldesa Virna Johnson; ni de la secretaria de Seguridad, Sandra Vallejos; ni del coronel Óscar Solarte, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.
También llamó la atención de la ciudadanía, el silencio de entidades como la Defensoría del Pueblo, ante el incremento de hechos delictivos en la capital del Magdalena.
