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Reapertura educativa: ¿Derecho a la educación o Derecho a la salud?

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Indiscutiblemente las instituciones educativas básicas, superiores, técnicas y universitarias, fueron las primeras estructuras económicas que, sobre la marcha, se ajustaron a los cambios que trajo esta pandemia del covid-19, sin auxilios económicos del Gobierno y haciendo uso del intelecto sobre técnicas de ensayo y error, los educadores de todos los niveles tuvieron que ajustar sus programas escolares, aumentaron su capacidad a la virtualización y cobertura digital; acelerando el paso con el calendario académico que no dio esperas en ninguna de las etapas de aislamiento.

Ha sido poco el reconocimiento que a este gremio se le ha dado, a pesar que su transformación ha sido a pulso; los más golpeados son las instituciones de educación privadas, eliminando las nóminas de maestros auxiliares y catedráticos, sin mencionar todos los que, de manera indirecta, dependen económicamente de la dinámica de la educación presencial.

Sin embargo, en Santa Marta, a la fecha no hemos conocido alternativas locales acerca de la reapertura académica, de la que ya se habla en otras ciudades capitales del País y es apenas obvio que este tema no se encuentre en la agenda de Gobierno, pues el análisis de la implementación de un piloto desnudaría la realidad de ciudad; teniendo en cuenta que los protocolos básicos de prevención de contagio no están al alcance de muchos colegios y universidades de la ciudad de ‘Bastidas’, donde el lavado constante de manos no depende del autocuidado, ni de campañas de sensibilización sino de la escasa cobertura de acueducto en muchas zonas de esta capital, donde permanecen las motobombas y las victorias del Gobierno se ufanan de grandes tanques de agua para que la comunidad cercana se abastezca a punta de baldes.

Además de lo anterior, que ya es impedimento para la reapertura y pleno goce del Derecho a la educación, sobre todo para aquellos que no cuentan con las herramientas tecnológicas para continuar con la modalidad virtual, se suma la falta de propuestas por parte de la Secretaría de Educación en dictar pautas modificatorias a los manuales de convivencia y ceñirlos a la nueva forma de interactuar y desarrollar competencias entre los docentes y los estudiantes.

Es por ello que encuentro oportuno, que en este momento en que algunos padres de familias retornan a sus actividades laborales, solicitan el regreso paulatino y controlado a las aulas de clases, o en razón a los diagnósticos de alteración de la salud mental de nuestros jóvenes universitarios generado por la falta de interacción con su entorno académico, hacen un llamado a las autoridades a revisar si en Santa Marta es posible una reapertura académica presencial; analicemos si como ciudad tenemos la capacidad de garantizar el Derecho a la Educación o el Derecho a la Salud. ¿De quién depende esta reapertura? ¿Cuál es el rol de los acudientes? y ¿Cuál es el rol del Gobierno Local?